Su ley es el poder excepcional

«Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada», repitió una y otra vez Javier Milei como candidato a presidente de la Argentina y ya siendo electo.

Pero no bien asumió se tomó la facultad, que ninguna ley le otorgó, de derogar por decreto numerosas leyes vigentes que habían sido discutidas y aprobadas por el Congreso.

Las leyes del gobierno de Miley son las que él está dispuesto a tolerar.

Su derogación de leyes por un decretos de necesidad y urgencia en el comienzo del período de receso legislativo y sin incluirlo en las sesiones extraordinarias, es un ejercicio de funciones legislativas que le está expresamente prohibido por la Constitución y lo asemeja a los dictadores.

Es su política de «schock», pero en materia del poder: Milei ha anunciado con su DNU que quiere llevar a la libertad a lxs argentinxs en el marco de un estado de excepción que en su mente y de la clase política que lo apoya lo faculta para saltarse por encima de los derechos de los habitantes del país y de los procedimientos constitucionales.

La «Libertad» que Milei viva en cada cierre de discurso pretende avanzar mediante el avasallamiento, de la libertad de los argentinos de elegir diputados y senadores para discutir y aprobar leyes, tal como lo manda la Constitución.

A través de su aparato mediático, Milei, Bullrich, Macri, pretenden que los argentinos crean que su única libertad consiste en circular siempre libremente por las calles y que quienes se manifiestan en ella -y se manifestarán en contra del DNU- sólo merecen palos y gas pimienta de la policía.

Es cierto que la Constitución faculta al Ejecutivo, en circunstancias excepcionales, a emitir decretos de necesidad y urgencia, pero ¿cuáles eran las circunstancias excepcionales y la urgencia y necesidad para que el presidente derogara de un plumazo la ley de tierras?

Del país, ninguna. Sólo de quienes como el norteamericano Doug Casey, o el inglés Joe Lewis, ven las tierras de Argentina a precio de ganga, y no quieren que ninguna ley les ponga un límite a sus especulaciones inmobiliarias, aún más incentivadas por las expectativas de grandes ganancias en minería o la agricultura.

Es la libertad de los extranjeros de comprar tierras sin límites la que Milei quiere decretar, no la nuestra. Y es su libertad para derogar leyes a su antojo lo que quiere convalidar.

Cuesta comprender que una clase política nucleada sobre todo en Juntos por el Cambio- y que acostumbra invocar la Constitución, la república y las instituciones- acompañe este proyecto de poder arbitrario: la única explicación posible es el grado de corrupción y cinismo al que ha llegado la derecha argentina que nunca ha mostrado tanto como ahora, que en realidad sólo busca defender sus intereses personales.

Frente a ese derecha en descomposición, no puede más que realzarse la figura de un Néstor Kirchner que en 2003 quiso discusión parlamentaria y aprobación del Congreso para derogar dos leyes -la de obediencia debida y la de punto final- que habían sido sancionadas al calor de las presiones de los cuartelazos militares.

Así mostró cómo en la Argentina los derechos -en este caso de las víctimas de la dictadura- podían resguardarse a través de leyes sancionadas por procedimientos reglamentados por la Constitución.

Ahora, en nombre de una libertad abstracta, el presidente y sus socios usan un decreto para pisotear los derechos políticos de los habitantes de la Argentina.

Que en última instancia tengan que resolver la cuestión un par de jueces de Corte que, al inicio de la gestión de Macri, aceptaron ser nombrados por decreto de necesidad y urgencia sin participación del Senado -viejo vicio liberal-, no da lugar para profesar la meneada fe en la Justicia.

Queda entonces la movilización y la expresión popular, y es por eso que la Bullrich se encarga de demonizarla y prometerle el garrote.