Aquella vieja palabra oligarquía

Que la antigua palabra «oligarquía» haya ido desterrada del diccionario político salteño no ha evitado que en Salta unos pocos impongan sus reglas a la mayoría. Un fallo del Tribunal Electoral convirtió las elecciones del 14 de mayo en una gran interna en las que esa misma élite comenzará a resolver su propias disputas con vistas a 2027.

El próximo 14 de mayo salteñas y salteños no decidirán su futuro en las elecciones provinciales como, tan solemne siempre, El Tribuno pretende convencernos en cada edición.

No, será otra cosa. El 14 de mayo, en realidad, la élite gobernante salteña irá a una gran interna que comenzará a dirimir la inevitable sucesión de Sáenz en 2027.

Si me tienes paciencia , te doy las razones para sustentar la hipótesis. Y si no me la tienes, en tu Facebook y tu Instagram aparecen a cada rato los goles del mundial registrados desde distintos celulares, que a mí me encanta verlos.

Una historia corta podría comenzar en agosto de 2022 cuando unos legisladores siempre considerados con las iniciativas de Sáenz, le aprobó una nueva suspensión de las PASO provinciales.

Más que generar un ahorro de dinero provincial -tal como esos legisladores argumentaron en los debates- la nueva suspensión de las primarias enfrascó a la gran mayoría de los partidos en negociaciones interminables y golpes de dedo para elegir aliados y, sobre todo candidaturas, como ocurrió con ribetes de ridiculez en Juntos por el Cambio.

En cambio, el oficialismo provincial -la convergencia temporal de saencismo y romerismo representados por una gran cantidad de partidos sellos creados en estudios jurídicos- ya tenía puesto el nombre de Sáenz para la principal candidatura de gobernador: no necesitaban unas Paso para dirimirlo.

Sin embargo, romerismo y saencismo no se pusieron de acuerdo en el nombre del candidato para la estratégica intendencia de la capital salteña, indispensable trampolín para acceder a la gobernación en 2027, cuando a Sáenz no le quede otra que dejar su sillón a un sucesor.

En efecto, dentro del «oficialismo», y que un politólogo podría llamar con más precisión académica «grupo hegemónico», a la candidata natural del oficialismo -Bettina Romero- le surgió un contrincante llamado Emiliano Durand cuyas aspiraciones a ser gobernador en 2027 -con guiño de Sáenz- eran tan notorias como las de la Romero, con beneplácito de su padre Juan Carlos.

¿Cómo este grupo hegemónico podía dirimir esa propia disputa por la intendencia en capital ahora que había suspendido las PASO?

«Inventemos la alianza» se escuchó decir por el lado de Castellanos y Finca las Costas. «La Tere no se va a oponer», se guiñaron.

Y así el día que, según el cronograma electoral vencía la presentación de los frentes, unos abogados con más cara de piedra que los monumentos de la isla de Pascua, presentaron la Alianza de Frentes, con la común candidatura a gobernador de Gustavo Sáenz, pero con las candidaturas para la intendencia capitalina de la Romero por un lado -Frente Unidos por Salta- y de Emiliano Durand -Frente Vamos Salta- por otro.

Desde 1983 hasta la fecha no se había presentado una sola Alianza de Frentes, sólo Frentes como el que respaldó a Sáenz en 2019. La Alianza de Frentes era, es, algo totalmente inédito en la historia electoral salteña, y el Tribunal tenía que rechazarla. O no.

Si lxs integrantes del Tribunal, que preside Teresa Ovejero, leían hasta el artículo 54 de la Constitución Provincial que establece que «compete exclusivamente a partidos políticos y frentes electorales postular candidatos para las elecciones populares» -es decir no a las alianzas, si no leo mal-, podrían haber solucionado el tema con bastante fundamento.

Pero por aquello de la celeridad de la Justicia que tanto pondera Sáenz, lxs integrantes del Tribunal se detuvieron en su artículo 12 que establece que ningún habitante puede ser privado de lo que la ley no prohíbe: ¡bingo! las alianzas están permitidas porque no están prohibidas.

Es un argumento singular, digno de estudio en las mejores facultades de derecho del mundo: si bien la Constitución establece taxativamente que sólo frentes y partidos postulan candidatos, no prohíbe las alianzas: entonces ¿cómo le vamos a limitar a romeristas, urtubecistas y saencistas la libertad de crearlas para dirimir sus internas?

Así, a través de un simple dictamen, el Tribunal, puso al revés todas las leyes electorales: a partir de ahora la norma fundamental es la de que todo vale, a no ser que esté prohibido. Una especie de ultra liberalismo electoral, que como todo liberalismo termina permitiendo sólo la libertad de los poderosos, que aquí lxs le periodistas acostumbran por comodidad llamar oficialismo.

Semejante enormidad jurídica dejó abierta la posibilidad de que en próximas elecciones provinciales se presenten partidos con mensajes y simbologías nazis, pues la Constitución no lo prohíbe.

Cuando en 2003 volvió a Salta dispuesto a quedarse con un tercer período como gobernador -la renuncia a la segunda vuelta lo había dejado sin posibilidades de ser electo vicepresidente de Menem- Romero tuvo que llamar a una Convención Constituyente que con el apoyo de los semiólogos de la talla de Walter Wayar y Juan Manuel Urtubey estableció que «dos períodos consecutivos» equivale, en realidad, a «tres seguidos».

Veinte años después, al oficialismo -disculpen, soy periodista al fin- no le hizo falta convocar a una Convención Constitución para modificar una de sus taxativas reglas electorales con las que nos han invitado al juego de la democracia. Ahora ha bastado que un pequeño grupo decida cambiarlas y hay que ver cómo El Tribuno pretende convencernos todos los días que este es un juego de todxs.

De verdad, ¿no habrá que ir a buscar al cajón de los cacharros en desuso la palabra oligarquía, que no por vieja como la democracia, deja de ayudarnos para entender lo que se juega, y cómo, en estas elecciones?