El santo oficio de la exención

Los propietarios de las mineras y las explotaciones agropecuarias de Salta alzaron sus copas por un venturoso 2023 ya asegurado por el gobernador Gustavo Sáenz, que el 29 de diciembre promulgó el presupuesto que les otorga generosos beneficios impositivos para el año. Pero la misma norma garantiza mayor presión impositiva sobre cuentapropistas y autónomos de la provincia.

Salta sigue con tanta o más desocupación que hace tres décadas, pero sus gobiernos insisten con la misma receta neoliberal fomentada por Roberto Augusto Ulloa en los años 90, que prescribe eximir de impuestos a las grandes empresas «para atraer inversiones y crear puestos de trabajo».

El presupuesto 2023 es una muestra más de que los ingredientes de la receta no cambian.

Pese al boom minero tan promocionado a diario por El Tribuno, la extracción de oro y litio de la Puna arrojará en 2023 menos beneficios impositivos para la provincia que en 2022.

Y es que, si se comparan ambos presupuestos, para el año 2022 el gobierno de Sáenz esperaba recibir $ 291 millones de pesos por regalías mineras, mientras que para 2023 -y pese a la inflación y devaluación del año pasado- sólo espera ingresar 373 millones de pesos, menos de un tercio más que el año anterior.

Una de las posibles explicaciones es la ley provincial 8164 de promoción minera, que hizo sancionar Juan Manuel Urtubey al término de su gestión y que Sáenz aplica a discreción. Por esa norma, las empresas compensan -con el no pago de regalías- el gasto que hicieron por la construcción de un camino de ingreso a sus explotaciones en la Puna, por ejemplo.

Se trata de las «regalías» , es decir el impuesto que las mineras deberían pagar por la extracción y comercialización de los recursos naturales del territorio provincial.

Pero los beneficios también se extienden a la exención del impuesto a las actividades económicas, o «ingresos brutos», el principal recurso propio del Estado provincial.

En efecto, comparando con las previsiones que había hecho para 2022, la provincia elevó de 114 millones a 1376 millones de pesos las exenciones al impuesto de actividades económicas que en 2023 piensa otorgar a la extracción de minerales, y de 5000 millones a 10900 millones las exenciones a la actividad agropecuaria.

Y aquí comienzan las preguntas.

Porque pese a esas generosas exenciones al campo y a las mineras, el presupuesto prevé un aumento de la recaudación por actividades económicas de casi 55 mil millones en 2022 a 119 mil millones en 2023.

¿Cómo es que la provincia espera recaudar más en actividades económicas, si se dispone otorgar generosas exenciones justamente a las principales actividades económicas de la provincia?

Y es que piensa aumentar la presión para que paguen ingresos brutos las almaceneras de barrio, los contadores autónomos que se ganan el mango con sus balancitos anuales, y lxs periodistas que facturan para recibir unos pesos mensuales de publicidad.

A esa masa de sobrevivientes cotidianos -no a las mineras ni a los propietarios del campo- van dirigidas las exhortaciones del presupuesto de Sáenz y su ministro de Economía, Roberto Dib Ashur- para que sean buenos ciudadanos, paguen los impuestos y aprendan cultura tributaria.

A las mineras y a los dueños del campo, en cambio, sólo les pide que pasen por el Ministerio de la Producción de Salta, para hacer el trámite burocrático de la exención.

Así, la cartera a cargo de Martín de los Ríos actúa como una caja negra por donde desaparecen los recursos provinciales a cambio de generación de puestos de trabajo, según el argumento que puso a funcionar Ulloa en los 90.

No podía ser de otra manera. El ministerio de la Exención de Salta, más que de la Producción, tenía que estar a cargo de Martín de los Ríos, el típico hombre del PRO sobre quien es imposible separar al funcionario del representante del sector económico del que proviene, sector al que le viene de perlas la generosidad de Sáenz.

Pero la fórmula de menos impuestos para las grandes empresas y mayores para los sobrevivientes de Salta sirve más para disciplinar a lxs ciudadanxs de a pie, que para cerrar el presupuesto provincial.

Pues, como se ocupó de aclarar Dib Ashur, sólo el 25% de la billetera que maneja Sáenz proviene de impuestos provinciales. El resto es coparticipación y transferencias de capital del gobierno nacional para obras de infraestructura que, por supuesto, el gobernador se las ingenia para presentar como propias.

Por eso Sáenz quiere más recursos nacionales y acude a cualquier pirueta discursiva para lograrlo

En uno de los momentos más payasescos, pero también más significativos, de la presentación del presupuesto 2023 en Diputados, Dib Ashur se quejó de que los santiagueños reciban un 50% más de coparticipación que los salteños, y «sólo por dormir la siesta».

En realidad, los mismos números que sus funcionarios incluyeron en el presupuesto desautorizan tanta queja. Si para 2022 se había estimado que la participación de tributos nacionales en el presupuesto provincial iba a crecer 45.2 % respecto de 2021, para 2023 ese crecimiento se estima en un 77% con respecto a 2022.

O sea, Sáenz debería pensar que, si el gobierno nacional deja de cobrar impuestos como él hace, Salta recibiría miguitas de coparticipación. Pero no, qué va a pensar.

Y debería ser el principal promotor del juicio a la Corte Suprema, que acaba de disponer más coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, en desmedro de las jurisdicciones provinciales.

Pero no. El gobernador sólo acude a lo que mejor sabe hacer: sus florilegios salteñistas tienen la misma seriedad que el poncho que de los Ríos se pone al hombro en cada acto protocolar, que los disfraces de Güemes de Juan Manuel Urtubey, o que la apelación al orgullo salteño que hacía constantemente Juan Carlos Romero en su gestión.

Son las imágenes de la Salta conservadora que resguarda el interés de los poderosos y pretende disciplinar al resto y conformarlo con un salteñismo cada vez más rancio.