La burbuja

Desde la década del 90 los gobiernos de Salta preparan la entrega de los recursos naturales de la Puna, como el oro y el litio, sólo para producir una burbuja económica y a cambio de cada vez menores compensaciones impositivas. Así, la Provincia deja de disponer de ingresos propios como para garantizar el derecho al agua a todos sus habitantes y los gobernadores se convierten en mendigos de dinero nacional en Buenos Aires.

«Crece el oro salteño”, “la minería representa el 35% de las ventas al exterior de la provincia”. Los títulos de El Tribuno oficial de las mineras, publicado el pasado 27 de noviembre, parecen los espejismos de una pompa de jabón que se eleva por el aire.

El millonésimo panegírico de la actividad minera publicado por el matutino de Juan Carlos Romero contiene esas medias verdades con las que han podido construirse e imponerse tantas grandes mentiras en Salta.

“El 80,8% de la facturación de las grandes empresas mineras (como Lindero, de oro) permanece en el país a través de pagos de salarios, compras a proveedores nacionales, impuestos y ganancias de las empresas que no fueron remitidas al exterior”, informó, citando un documento del Ministerio de Producción de la Nación.

La gran media verdad es aquello de que la facturación de las mineras permanece en el país a través del pago de impuestos. En el país, pero no en la provincia. Y es que desde el gobierno del capitán de navío Roberto Augusto Ulloa -en los primeros años de los 90- hasta el actual de Gustavo Sáenz, la Provincia se ha empeñado en reducirle las cargas tributarias provinciales a las mineras, en una especie de competencia suicida con Jujuy.

Es decir, si las mineras pagan algún impuesto, es nacional, no provincial: ganancias con varias deducciones a su favor, débitos y créditos, derechos de exportación. La mayoría de los impuestos que paga la actividad minera son nacionales, dice también ministerio de la Producción, pero El Tribuno quiso publicar sólo una media verdad.

Todo comenzó cuando en 1993, pleno auge de la convertibilidad y la «apertura a las inversiones» internacionales promovidas por el presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo. Ese año el Congreso sancionó la ley de promoción de inversiones mineras, que le puso un tope del 3% sobre el valor de boca de mina a las regalías que las provincias podían cobrarle a las mineras.

En realidad las provincias podían no adherir a ese techo, pero Ulloa lo hizo con gusto y fue por más: logró sacar una ley provincial -la 6771 llamada «de promoción de inversiones productivas y el trabajo»-, con que se habilitó a los gobiernos provinciales a otorgar a las mineras -y a otras actividades económicas- el beneficio de no pagar el principal impuesto provincial: el de ingresos brutos, que cualquier salteño debe pagar si abre un almacén de barrio.

La ya remanida argumentación del gobierno de Sáenz y de El Tribuno de que las mineras otorgan trabajo y por eso los gobiernos deberían eximirlas de todo, es sólo un deja vu de los fundamentos de aquella ley de Ulloa y también de los discursos de Cavallo y Menem.

Después de Ulloa, llegó Juan Carlos Romero -que venía de apoyar en el Senado la ley de inversiones mineras- y perfeccionó la ley 6771 con decretos como el 2931/97, que le simplificó a las mineras el trámite para acceder al beneficio de la exención del impuesto que tiene que pagar cualquier mortal salteño que hace una actividad económica.

Pese a disfrazarse de Güemes cada 17 de junio, el siguiente gobernador Juan Manuel Urtubey dio varios pasos más para que las mineras puedan extraer y vender los recursos naturales de Salta pagando cada vez menos impuestos al Estado Provincial.

Porque a través de la ley 8164 de promoción de inversiones mineras que promulgó días antes de terminar su gestión, le permitió a las empresas compensar las regalías con algún camino que hayan tenido que abrir en a Puna para sus explotaciones .

Y ya era poco lo que Salta podía percibir por regalías, pues la ley nacional Menem- Cavallo-Romero había sentado las condiciones para que las empresas simplemente «declaren» la cantidad de oro o litio que extraen de la Puna, y así ellas mismas determinen lo que paguen.

De hecho el mismo texto del matutino salteño titulado «Crece el oro salteño» informa que la mina Lindero «reconoció» ventas por 51 millones de dólares en el primer trimestre de 2022.

Pero ya el 27 de junio de 2018, Urtubey también había promulgado la ley 8086 que derogó la ley de exención de Ulloa, pero para darle más beneficios a las mineras, no menos, como los «créditos fiscales» por generar puestos de trabajo con los que pagarán menos ingresos brutos.

Ahora, como para Sáenz la exención de ingresos brutos y el cada vez menor pago por regalías era poca atención, les acaba de otorgar un predio provincial para que construyan su Casa de la Minería, al lado del juzgado de Minas, para que puedan hacer sus tr´ámites y sus lobbies sin gasto de combustible.

El combo ultra liberal -Milei, no nos haces falta- se completa con la oposición provincial a que el Estado nacional ejerza algún control ambiental en la Puna, y al absoluto desinterés del gobierno provincial por hacerlo.

Deberá quedar para la historia de la brutalidad salteña la intervención del diputado provincial Juan Esteban Romero en una sesión de la Legislatura local contra el proyecto de ley nacional de humedales, en la que casi imploró a las mineras que extraigan salmuera de los salares, porque es «nociva» por los animales.

Entregar la Puna sin controles ambientales ni beneficio impositivos para todos los habitantes de la provincia, y sólo a cambio de una momentánea reactivación económica en parte del territorio, se asemeja mucho a un endeudamiento en dólares para pagar sueldos: cuando explote la burbuja minera en beneficio de pocos, quedará un pasivo ambiental que deberá sufrir la mayoría, lo mismo que los endeudamientos para generar globos financieros.

Entonces aquello de que la Provincia «exporta» oro ya ni siquiera llega al estatuto de la media verdad, y es nada más que una burda mentira: al renunciar progresivamente a cobrarle a las mineras ingresos brutos y regalías por la extracción de los recursos naturales -y encima otorgarles bienes inmuebles-, la Provincia se queda sin recursos para afrontar la crisis del agua que sufren los habitantes del departamento San Martín.

El discurso anti centralismo porteño, con tonada de macho salteño, que enuncian legisladores, El Tribuno y el propio Sáenz para oponerse a la ley de humedales se les está volviendo en contra: sin agua en sus canillas, los tartagalenses se preguntan dónde quedan los beneficios del «crecimiento del oro» y de las futuras exportaciones provinciales de litio y si el centralismo que lo está dejando sin agua no tiene sede en Buenos Aires sino, en realidad, en Finca Las Costas y en Limache.

Acaso allí se encuentren los mayores beneficiados locales de la burbuja minera y una de las pistas haya que buscarla en el mecanismo con el que los inversores acceden a los beneficios impositivos.

Porque no es que automáticamente, por ejercer las actividad, las mineras dejan de pagar ingresos brutos o compensar regalías: primero tienen que pasar por el Grand Bourg a realizar el trámite para que un funcionario les dé el visto bueno.

Y es que estos cuatro gobernadores que siempre ponderaron la modernización y la seguridad jurídica, establecieron el método de la ventanilla obligatoria para que las empresas pueden acceder a los descuentos de impuestos.

Qué se hace en esas ventanillas es un misterio, pues el Ministerio de la Producción -a cargo de un funcionario que suele ponerse un poncho gaucho en el hombro y que como típico cuadro del PRO alardea de republicanismo- no se toma la molestia de publicar a qué empresas otorgó los beneficios impositivos.

Como tampoco lxs salteñxs pueden conocer ´ cuanto dinero entra al Estado provincial en concepto de ingresos brutos. Y es mucho más fácil -efecto del proyecto burbuja- saber cuánto gana el empleado de una minería, que tomar nota del dinero que la actividad deja en la provincia por regalías.

La ventanilla y la falta de transparencia de lo que allí sucede remite a uno de los diagnósticos más esclarecedores sobre la realidad económica y política salteña, atribuido al especulador norteamericano Doug Casey (aquí se los llama inversores), socio del clan Romero en la compra y venta de títulos públicos y la administración de clubes casas de campo para potentados.

«A veces la gente que no ha estado allí me mira con aire interrogante cuando menciono a la Argentina, porque ha oído hablar del gobierno. Pero no es malvado ni peligroso, como muchos. Es simplemente corrupto, incompetente e ineficiente».

El lugar en el mundo de Casey es Salta. Tan corrupta e incompetente, que enamora.