noviembre 6, 2020

Propiedad y propiedades

Por Andrés Gauffin

Cuando por 1903 el enviado de Julio Argentino Roca llamado Domingo Astrada cruzó con sus tropas el río Bermejo y avanzó hacia el río Pilcomayo, ningún diario del momento editorializó contra aquella violación a la propiedad de las tierras aborígenes. Porque ni Astrada, ni ninguno de los expedicionarios les había pedido permiso a las comunidades wichís o tobas para asentarse en sus tierras. No. Directamente se asentaron y fundaron lo que se llamó la Colonia Buenaventura, y construyeron sus ranchos y e hicieron pastar sus vacas a pocos kilómetros del río,.Los aborígenes no necesitaban una cédula parcelaria para probar su propiedad sobre esas miles y miles de hectáreas, pues desde hacía décadas y décadas, sino siglos, habitaban allí y de sus bosques y de su río obtenían su alimento.Pese a que el gobierno de Julio Roca era un gobierno «liberal» que defendía la propiedad, ninguna voz se escuchó entonces para denunciar la usurpación de las tierras aborígenes, ni un artículo de prensa llamó «cabecilla» a Astrada, ni reclamó su detención, ni dio a entender que los criollos eran unos usurpadores. Ni reclamó al gobierno nacional que mandara la policía para que expulsara a los criollos y se devolvieran las tierras a sus legítimos dueños.Hay que reconocerlo, la Nación Argentina se consolidaba mediante una flagrante violación a la propiedad, a la propiedad aborigen, y ningún conspicuo parecía estar en desacuerdo. Cerca de 120 años después, familias hacinadas por falta de vivienda propia ocuparon un puñado de hectáreas de terrenos privados en el sur de la ciudad de Salta. Nunca esas tierras dieron algún alimento a sus propietarios, cuya única preocupación –regla del mercado inmobiliario- era esperar el mejor momento para venderlas al mayor precio. Las que se asentaban eran familias con quienes el Estado no había cumplido con su obligación constitucional de proveerles una vivienda digna, art. 14 bis de la nacional, art. 37 de la provincial. Pero no, El Tribuno y otros sectores demasiado relacionados con los más duros intereses inmobiliarios de la ciudad, promovieron una campaña brutal contra los ocupantes, como si fueran sólo delincuentes. Resulta que este mismo año de asentamientos y desalojos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la Provincia devolver a las tierras a las comunidades aborígenes del Pilcomayo.Y la Corte lo dictaminó entre otras razones porque el asentamiento criollo con sus ganados provocó desnutrición y muertes en niños y niñas aborígenes.Ahora, El Tribuno no se ha puesto de parte de los despojados de sus tierras en el Chaco, ni siquiera con un fallo en firme de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena su restitución a sus legítimos dueños. Ni organiza una campaña para que Sáenz actúe pronto.

No. Qué va.