El dispositivo Nallar

Pilas de documentación se acumulan sin orden ni concierto en escritorios y cajones de las oficinas de  la Municipalidad de Salta que, sin embargo, por un fallo de la jueza Silvia Longarte debe pagar 500 millones de pesos reclamados por la empresa Plumada por servicios de guarda de archivos prestados entre 2014 y 2017 y que, a su juicio, se abonaron sin actualizar.

Pero, mientras las boletas de impuestos y los legajos desbordan en sus propias oficinas, la intendencia de Bettina Romero sigue pagando por el servicio de guarda de archivos a Plumada sin las “actualizaciones” que la empresa reclama, y preparando el terreno para que la empresa vuelva a lograr un nuevo fallo judicial por los períodos 2018-2022.

 “La Ciudad paga por un juicio casi lo mismo que en gasto social”, tituló El Tribuno del senador Juan Carlos Romero  el 28 de diciembre pasado.

La historia, sin embargo es mucho más antigua y más impactante que la que contó el matutino del senador nacional Juan Carlos Romero. Y es que se acaba de perfeccionar un dispositivo eterno de exacción de recursos municipales hacia una empresa privada sin servicios a la vista.

Todo comenzó allá por 2006 cuando el mismo diario de Juan Carlos Romero -en esta historia los apellidos se repetirán- publicó un par de notas mostrando el estado calamitoso de un archivo provincial, en la calle Caseros.

Por ese tiempo, y por supuesto sólo fue una casualidad, una empresa que hasta 2005 sólo se había dedicado al transporte de gaseosas y golosinas, se “reconvirtió” para especializarse también en guarda de archivos y le ofreció sus servicios a la provincia.

En 2007 el gobernador Juan Carlos Romero -ya informado por su propio diario del estado calamitoso de los archivos provinciales – contrató sin licitación  sus servicios para guardar toda la documentación que ya tenía archivada la provincia y que seguía produciendo.

Por supuesto que el gobernador le concedió generosas exenciones impositivas, pues sus asesores le convencieron que debía promover esta nueva industria sin chimeneas.

Entonces los camiones de Plumada, que hasta ese momento solo habían transportado gomitas y botellas de plástico, comenzaron a estacionar frente a dependencias provinciales para llevarse cajas y cajas de documentación -quién sabe cuántas, quién sabe cuáles- para el enorme galpón construido a un costado del acceso a Salta.

Ese mismo año, al entonces intendente Miguel Isa le agarró la misma preocupación de Romero y firmó con Plumada un contrato similar: los camiones comenzaron a llevarse de dependencias de la comuna cajas y cajas de documentación, quién sabe cuáles, quién sabe cuántas.

Hasta que en 2014 Plumada comenzó a exigirle a la Municipalidad que le actualice los importes, de acuerdo a unas cláusulas incluidas en el contrato. Como ni Isa en su momento, ni después el intendente Gustavo Sáenz respondieron, un abogado llamado Daniel Nallar junto con su colega Osvaldo Camisar patrocinaron, en nombre de Plumada, un juicio contra la comuna para obtener por vía judicial lo que no habían podido por vía administrativa.

En ese momento,  Nallar fungía como respetable abogado -especialista en derecho administrativo- de una empresa privada, pero desde los 90 había sido funcionario todo terreno de los Romero.

Allá por el 2000  fue secretario de Seguridad del gobernador Juan Carlos Romero, justo al momento en que Mosconi explotaba como un polvorín y la represión a los piqueteros se llevaba la vida de Anibal Verón.

Antes, en los 90, había puesto sus conocimientos administrativos al servicio de las privatizaciones con que Romero inició su mandato.

En algún momento, Romero lo designó como presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos.

Concluida la década romerista, Nallar volvió a la actividad privada de forma exitosa: la empresa que había contratado el entonces gobernador Romero se interesó en los conocimientos de derecho administrativo del ex secretario de Seguridad de Romero, y lo contrató para accionar contra la Municipalidad.

Con la elección de Bettina Romero para la intendencia, Nallar volvió a la actividad pública. La intendenta lo nombró Secretario Legal y Técnico.

En 2021 Nallar preparó el terreno para un nuevo juicio contra la Municipalidad: 

Contrató, en forma directa -tiene los mismos tics administrativos que su padrino político- los servicios de la cámara de empresas Cecaitra para librar fotomultas a los conductores de Salta: la empresa se iba a cobrar un módico  “porcentaje” del 40% de las multas, con lo que ató al lucro empresario la irrenunciable tarea municipal de prevenir los accidentes de tránsito.

Producido el escándalo debido a los horrores administrativos señalados por el Tribunal de Cuentas, la Municipalidad suspendió el contrato cuando ya la empresa había instalado sus aparatos en autopistas: sólo resta saber cuánto dinero un juez ordenará a la comuna  pagarle a la empresa como indemnización por sus inversiones inútiles.

Nallar es un factotum de la Municipalidad de, Salta, que acaba de entregarle a la firma Pieve la concesión del servicio público de cremaciones. Es casi imposible que no haya pasado por su oficina la decisión de abonarle a Plumada -la  empresa que lo había contratado para iniciar el juicio- la primera cuota de cincuenta millones de pesos, sin casi dar pelea en la Ciudad Judicial para evitarlo..

Lxs abogadxs locales envidian el éxito del abogado del secretario Legal y Técnico de la capital: los honorarios correspondientes al patrocinio legal -pagaderos con recursos de la propia Municipalidad en la que ostenta semejante cargo- ascenderían en total a cincuenta millones de pesos.

Así, puede decirse que el mecanismo de exacción -que hace fútil el presupuesto municipal que los concejales aprobaron en diciembre- quedó perfeccionado con una danza de los mismos nombres, como en el caso de las 90 hectáreas de La Ciénaga.

En esa danza Juan Carlos Romero gobernador concede en 2007 en forma directa a Plumada el servicio de guarda de archivos la provincia y logra que el intendente Isa -es difícil que ese intendente se haya preocupado por algo tan insustancial para él como los archivos- firme un contrato similar para la Municipalidad.

En 2021 su hija, Bettina Romero, accede gustosamente a pagar 500 millones de pesos por “actualizaciones” viejas, al mismo tiempo que sigue “incumpliendo” el contrato y preparando el terreno para nuevos reclamos judiciales de Plumada.

Daniel Nallar, en tanto, de este lado del mostrador inicia en 2014 un juicio en nombre de Plumada contra la Municipalidad reclamando las actualizaciones. Pero en 2021, ya del otro lado del mostrador; su gabinete da visto bueno al pronto pago del fallo judicial y, de paso, de sus honorarios.

Porque un funcionario que brinda abnegadamente un servicio público no tiene porqué renunciar a las ganacias que se merece por su actividad privada, claro.

En tanto, el matutino independiente El Tribuno, de Juan Carlos Romero, en 2006 publica preocupantes notas sobre el estado de los archivos provinciales y hace campaña para su privatización, y en 2021 -sin preocuparse del caos de archivos provinciales y municipales- informa que “hay” que pagarle a Plumada, y por supuesto olvida que fue el gobernador Romero quien firmó el contrato, con una ciencia administrativa tan impecable -seguramente aportada por Nallar-, como demoledora para los recursos provinciales como municipales. 

Si el contrato con la Municipalidad también es de plazo indeterminado – como el que firmó el gobernador Romero, Plumada tiene asegurado -Longarte mediante- millonarios ingresos para toda la vida, y a Nallar lxs abogadxs salteñxs deberían erigirle un monumento por ser el letrado más exitoso de la historia local.

Pero esto es sólo el comienzo de las exacciones de Plumada. En otro juzgado civil de la provincia -o tal vez en el mismo de la jueza Silvia Longarte que falló tan a favor de la empresa- se encuentra en trámite una demanda contra la Provincia, pues el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey rescindió en 2015 el contrato con esa empresa.

Además de no establecer un plazo de finalización, el contrato de la Provincia con Plumada no podía rescindirse “unilateralmente”: Urtubey lo hizo alegando que había sido Plumada el primero que lo había rescindido de hecho. 

Dicen los abogados que pueden hojear el expediente de la demanda contra la provincia, que Plumada pretende 1500 millones de pesos. 

Si el magistrado actuante entiende tan bien las razones de Plumada como la jueza Longarte, y la Fiscalía de Estado no deja de apelar, el caso llegará  a la Corte: será otra ocasión para saber cuáles magistrados responden al Sáenz,  cuáles al senador nacional Juan Carlos Romero y cuáles a Urtubey, con quienes tan bien se ha perfeccionado este dispositivo de exacción.