El sudeste como noticia

De verdad quienes habitamos en el centro -es decir alrededor de la plaza 9 de Julio- o en el norte o en el sudoeste de la ciudad de Salta, necesitábamos alguna noticia de la zona sudeste y quién nos la transmitió no fue un periodista, sino una historiadora con obstinada inclinación por los archivos, Raquel Adet, con su libro digital «Noticias de la zona sudeste».

Una noticia, sí, porque quien junte un poco de coraje y paciencia para leer sus páginas se enterará que más allá de la avenida Tavella bullen en el caldo de la marginación planificada y el olvido miles de salteñas y salteños sin casa, sin servicios, sin derechos y sin ley.

Es cierto que desde 1976 a la fecha, los diarios y las radios han dado -lo siguen haciendo- noticias de aquella zona, sobre todo cuando un asentamiento repentino o el reciente asesinato de una mujer, el de Alejandra Cardozo, exponen, como un relámpago, las imágenes de los sin casa de esta Salta tan linda que enamora.

De hecho, durante quince años Adet acopió, como uno de sus principales materiales, las noticias que, sobre asentamientos, erradicaciones y traslados forzosos producidas por la policía, aparecieron en distintos medios gráficos y digitales, desde la dictadura hasta 2021.

Y sin embargo, la historiadora no se limita a exponer los distintos casos en una simple sucesión temporal: su manera de recopilar, su trabajo de archivo, su paciencia de años, termina mostrándonos -como en un lento revelado- que la precariedad y el abandono de los asentamientos de la zona sudeste no son productos naturales de la pobreza, sino resultado de una política estatal planificada desde 1976.

Una política que ha destinado, con mano de hierro, cargas de infantería y balas de goma, a los aledaños de los basurales a miles de pobladores de Salta la linda, como necesario complemento de la apropiación por parte de una pequeña porción de lxs habitantes de esta ciudad de las zonas más privilegiadas por el medio ambiente -sobre todo por el agua- ,más conectadas por las autopistas y con mayores servicios.

Que en un mismo mandato de gobierno -el de Juan Carlos Romero- el Estado haya adquirido dos terrenos -200 hectáreas de finca Marinaro, al sur de la ciudad y cercano al basural y 90 hectáreas de La Ciénaga en los verdes faldeos del oeste- para el programa social Familia Propietaria, pero que solo el primero haya sido destinado a ese fin, y el segundo fuera privatizado para ser finalmente administrado por «Estancia El Carmen» de la propia familia Romero, muestra muy bien en el libro la realidad de la marginación planificada.

Uno de los primeros registros de Adet es el de aquella vecina -Isabel- que vivía hacinada en la casita de su hermana en Villa Primavera y que se entera que el gobierno de la dictadura iba a desalojar a los entonces habitantes de Villa Ceferino.

Rápida de reflejos, de inmediato le pide a uno de esos vecinos de Ceferino que la haga pasar como una moradora más de su vivienda para que los militares -antes de arrasar con la villa- le den el numerito con el que accedería finalmente a un terreno en Finca Independencia, cerca del basural de La Pedrera y sin servicio alguno, por supuesto.

Y el ´último de esos registros de Adet, luego de casi cuatrocientos contundentes páginas sobre la marginación planificada, es el violento desalojo, en septiembre de 2020 y por orden de una jueza, de un grupo de mujeres asentadas en un terreno vacío de San Lorenzo – Los Pinos- al que un año antes habían llegado «huyendo de la violencia de género».

Entre medio de esos dos casos, Adet escribió y archivó las historias de de Villa Ilusión, Villa La Paz, Solidaridad, Democracia, Convivencia, Libertad, aquellos nombres que le daba tan irónicamente el director de Familia Propietaria de Romero, Héctor Aleksandrowicz a los asentamientos que creaba sin servicio alguno y por tanto contra todas las normas urbanas, pero con abundancia de promesas.

También el lector puede enterarse en las páginas de Adet la conmovedora historia del asentamiento de San Expedito, en el norte de la ciudad y cerca de los ex piletones de líquidos cloacales. Después de meses de negociación en que funcionarios provinciales salían en la prensa aseverando que no podían quedarse alli por las condiciones sanitarias, los invitaron a retirarse a terrenos del sudeste de la ciudad, cercanos al basural.

«La gente de San Expedito tenía argumentos, tenía derecho, tenía razón, pero eso no contaba en el régimen romerista. En la mañana del 27 de junio de 2007, un ejército de más de 600 policías irrumpió en el asentamiento y comenzó a desmantelar las precarias viviendas. La destrucción de las casas provocó la reacción de sus ocupantes y se enfrentaron vecinos y policías. Hubo muchos heridos y detenidos», recuerda Adet.

Sin orden judicial, los efectivos actuaron por mandato del entonces secretario de Seguridad de Romero, Gustavo Ferraris, recompensado de inmediato por sus servicios con su nombramiento como ministro de la Corte de Justicia de Salta, cuando ya fenecía el último mandato de Romero.

San Expedito fue, es, en libro de Adet, parte de un «círculo infernal» al que el Estado provincial ha empujado a los sin casa, sin derechos, sin ley de la ciudad, cada día más numerosos, círculo infernal en el que giran vidas adolescentes ya segadas por las drogas y el alcohol en los asentamientos, hombres y mujeres con escasos servicios de salud, niños y niñas desnutridos, tal como describe esta historiadora. Y mujeres que a todas esas condenas suman la de la violencia de género.

Esas noticias del infierno incluyen también los casos del gatillo fácil, porque luego de enviarlos a la marginalidad urbana, el paso siguiente del Estado Provincial no fue la provisión de servicios, sino la mano dura: el asesinato de Fabio Llanes en el barrio 1 de Mayo, esta vez al norte de la ciudad, y el posterior proceso judicial , es narrado por Adet como otro caso más de la vulneración de los derechos de parte del Estado, no sólo de la vida, sino también a la integridad, y al de su familia a contar con un juicio de acuerdo a las normas procesales.

En el «sudeste» de Salta – en realidad, toda zona de marginalidad habitacional de la provincia-, la integridad de los domicilios particulares y de los cuerpos ha sido abandonada a la discreción de la fuerza estatal: Adet recoge testimonios de allanamientos y desalojos policiales sin orden judicial amparados en la doctrina del delito flagrante y muestra los torsos baleados con balas de goma de jóvenes que estaban cometiendo el delito de reunirse en una esquina.

De seguro, debido a que habla de lo que en Salta se quiere callar y a que narra una historia que se quiere olvidar -porque de los asentamientos sólo se habla oficialmente como episodios de usurpación, nunca como una historia de marginación- , Adet no merecerá un reconocimiento oficial. El tipo de textos de que ella escribe no son de los que acostumbra ensalzar el diario El Tribuno, pero tampoco la secretaría de Cultura de la Provincia.

Visto al revés, eso es signo de su gran acierto, de su necesidad, como lo fueron los anteriores libros de Adet, el imprescindible «La represión en Salta 1970-1983» junto a Lucrecia Barquet, y «La historia de Salta contada por sus protagonistas», con Myriam Corbacho.

Por supuesto que se equivocará quien lea las «Noticias de la zona sudeste» para pasar el rato. No es una lectura para el placer, sino para la incomodidad: no podrá terminar sus páginas sin preguntarse hasta dónde llegarán estos círculos de violencia infernal de Salta la linda, y cuál el papel que el mismo lector ha jugado, pues se enterará que de que no se trata de una realidad que la avenida Tavella le posibilite soslayar.