agosto 5, 2020

Amenaza policial

Por Andrés Gauffin

-¿Buenas noches,  ya regresa a la casa a descansar?

-Sí claro.

Un minuto antes yo había manoteado el permiso de circulación del piso del auto y me había acomodado la mascarilla con nariz y todo, con ese reflejo que produce la visión de un retén de uniformados.

Pero no, el agente que me detuvo muy cerca de la Católica fue tan amable conmigo,  tan amable,  que por un momento me reproché haber cedido a aquellos sentimientos.

-Pase, pase nomás. Me dijo casi como un padre.

¿Abusos policiales? ¡Qué va!

Tan beatífica visión de la policía fue promovida por el negacionista ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, que ha dicho estos días que sólo el 1% de las actuaciones policiales durante la pandemia fueron denunciadas por abusos o mal desempeño.

¡Bravo!

 La cuestión es que el decreto 255, ahora ley 8191, le da a la policía facultad para arrestarte en las nocivas y atestadas cárceles salteñas durante sesenta días, si un agente concluye que la lentitud para ponerte el barbijo es un arbitrario incumplimiento a sus órdenes.

Y te arrestarán sin intervención de un fiscal o un juez.  Y el jefe de Policía resolverá la infracción cuando le plazca dentro de esos 60 días –puede ser en el día 59-, y a partir de allí tendrás cinco días para apelar.

En Salta vivimos bajo amenaza policial.

Como si se tratara del mismo estado de sitio o de la dictadura de Videla, la policía no ha informado cuántos arrestos produjo hasta ahora en virtud de la ley 8191. Es posible, por los articulados de la ley, que tenga detenidos en alguna cárcel salteña pero nadie sepa dónde están.

Debido a un recurso de hábeas corpus presentado por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Corte de Justicia de Salta deberá expedirse. ¿Legitimará la violación de los derechos de salteñas y salteños dispuesto por el gobierno de Sáenz? ¿Obedecerá a un mandato que le quita funciones esenciales a fiscales y jueces?

Mientras tanto, no sólo continuaremos ignorando cuántos encarcelamientos se produjeron por una simple orden policial. También desconoceremos la dimensión real de la angustia y servilismo que pueden producir en Salta las amenazas estatales de estas características.

-Muchísimas gracias por dejarme pasar, señor agente.

Ciudad Judicial y, al fondo, la Alcaidía.